Funcionarios
Entiendo por funcionario un trabajador cuyo puesto de trabajo y remuneración están protegidos y garantizados mediante criterios formales. Dado que lo esencial aquí me parece que es el hecho de que la protección laboral sea formal, un trabajador de una empresa privada que disfrute de una protección formal de su puesto de trabajo se asemeja en esencia a un funcionario.
Hipocresía estatal o funcionaril
La imagen que da el Estado a todo el tema del funcionariado y en general al de la función pública es la del Servicio a la Comunidad. La realidad es todo lo contrario. La gente ansía y se esfuerza por ser funcionaria porque lo considera beneficioso para ella misma.
En esto los socialistas son los campeones de la hipocresía porque no reconocen que el Estado Social o del Bienestar se crea en parte para generar empleo. Una cosa es la excusa y otra muy distinta es la motivación. Sus partidarios son tan miopes o tan hipócritas que no se dan cuenta que cada vez que se monta o amplía un servicio social los primeros beneficiados son los que trabajan en él con un horario cómodo y un sueldo generoso y no sujeto a los vaivenes de la economía ni dependiente de lo que valga el trabajador, porque es vitalicio e incondicional.
¿Qué otra cosa puede significar acceso a la condición de funcionario
sino apropiarse de un trocito de lo público, obligar al resto de los contribuyentes a sostenerlos de por vida? Si es que un funcionario puede considerarse contribuyente. La afirmación de que un funcionario paga impuestos es como las etiquetas de los escaparates que dicen rebajado un 20 %
. ¿Rebajado con respecto a qué? Si el Estado aumentase un 20% por ciento los impuestos, ya encontraría maneras de compensárselo a sus niños bonitos, los funcionarios y la Gran Empresa. Todo sueldo, todo precio y toda regla que no pone el mercado, o el pueblo si lo prefieren, resulta sospechoso.
Por ejemplo el sueldo de un profesor oficial
y el producto enseñanza oficial
es evidente que muy poca gente estaría dispuesto a pagarlo a menos que haciéndolo recibiese títulos o conocimientos para poder apropiarse de parte del Estado. Poca gente hay tan estúpida que esté dispuesta a pagar quinientos euros mensuales para tirarse las horas coloreando, o aprendiendo los números del uno al veinte en inglés, o reglas de ortografía o las características del Barroco y obras principales. Lo lógico sería pensar lo contrario: que nadie en esta civilización, ni siquiera los mejor escolarizados, habla de pintura ni de historia ni de literatura ni de ciencia etc. (ni en general de nada que no estrictamente fútbol, mujeres y dinero) porque acabó hartísimo y porque la escuela y los medios de comunicación modernos lo han trivializado todo.
¿Qué son si no las Escuelas de Ingeniería, que con razón tienen a honra no ser Facultades, por algo será, sino un último esfuerzo para que, aunque sea a los veinticinco años, algunos ciudadanos sepan calcular una viga o arreglar algo un poco más complicado que un enchufe?
No existe ningún modo objetivo de medir el beneficio del Estado Social. Evidentemente gran parte del diniero llega a la gente que lo necesita, pero no a toda la que lo necesita y ni mucho menos solamente a la que lo necesita. Y aunque un buen Estado Social o del Bienestar podría ser bueno, está por ver que cualquier Estado Social o del Bienestar sea mejor que no tener ninguno, porque muchos ciudadanos si no se les cobrasen tantos impuestos estarían más dispuestos a dar dinero a los necesitados y a trabajar voluntariamente en proyectos sociales. Todo esto sospecho que ocurre de modo inconsciente en las mentes de los ciudadanos. Cuando uno ve que la carne que uno se priva de comer por culpa de los impuestos directos o indirectos se destina a que la tuna de la universidad de turno viaje a un par de continentes por año... tal vez se le quiten las ganas de oir hablar de ayudar a los pobres, incapacitados, parados... Es perfectamente lógico pensar que en la medida en que el Estado se hace cargo de la caridad los ciudadanos van a tender a desentenderse de los problemas de los que sufren.
Otra gran presuposición indemostrable es la de que el aumento de los impuestos recae en los ricos. Poca gente hay tan cruel que esté en contra de subir los impuestos a los ricos. Lo que sí abunda son hipócritas a los que les combiene ampliar las prestaciones del Estado y arguyen con argucias que es por el bien de los más necesitados.
Criterios formales e informales
La raíz de la diferencia entre el trabajo público y el privado es que el Estado contrata, remunera y despide según criterios formales, mientras que el sector privado lo hace informalmente. En la práctica y por causas desconocidas o cuesta muy poco satisfacer un criterio formal o satisfacerlo (¿mediante la larga y ardua preparación para unas pruebas de selección?) no conlleva un mejor servicio a la sociedad o a la empresa. De hecho muchas empresas prefieren contratar estudiantes con calificaciones mediocres. Criterio formal de contratación en la práctica implica que independientemente de la salud mental, buena disposición y capacidad productiva de que disponía una o uno en la fecha de un legendario examen, se tirará el resto de su larga vida laboral masajeándose a dos manos los órganos sexuales exteriores.
En cambio la empresa privada se preocupa de contratar a trabajadores que (1) gocen de un equilibrio mental, (2) manifiesten buena disposición, y (3) vayan o les parezca que vayan a ser productivos. Si una empresa privada aplica criterios discriminatorios por raza, religión u orientación sexual, en un libre mercado lo paga.
Las empresas contratan a dedo, por definición, en realidad parte de la administración pública también, sólo que si reconocemos que la empresa pública se financia con la empresa privada, la mala dedocracia privada la paga la empresa privada, mientras que la mala dedocracia pública la paga también la empresa privada.
Además, en una democracia representativa los políticos elegidos eligen algunos subcargos a dedo, y dentro de una Casa Real algunos puestos se eligen a dedo. Luego está la extensa y apenas reconocida escandalosa cuestión de los enchufes en la administración pública.
La proporción de funcionariado que genera menos desigualdad social
En esta argumentación entiendo por rendimiento la riqueza producida por dinero cobrado (en una situación laboral).
Se me ocurren dos aclaraciones imprescindibles sobre el concepto de rendimiento:
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No considero razonable la postura de que el ciudadano de un régimen democrático no esté capacitado para juzgar el valor de un bien ni la aportación de riqueza de una actividad, quiero decir que no podemos considerar a las personas adultas idiotas totales.
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Por desgracia es posible generar la necesidad de crear riqueza, por ejemplo complicando innecesariamente el sistema legal o permitiendo un grado de desorden social que haga demandar servicios de seguridad privados.
Si suponemos que:
- todos poseemos más o menos la misma capacidad de producir riqueza,
- el supuesto infrarrendimiento de los funcionarios se compensa con el superrendimiento de
- los funcionarios tienden por media a aportar menos que otro trabajador por el mismo sueldo
entonces resulta que tanto si todos los trabajadores fuesen funcionarios como si ninguno lo fuese, habría cero explotación laboral entre funcionarios y no funcionarios, mientras que el máximo de explotación de este tipo (al margen de la explotación laboral del capitalista privado y de la corrupción política) se ejercería cuando la mitad de los trabajadores fuesen funcionarios y la otra mitad compitiese en el sector privado. Según nos acercamos a esa proporción de mitad en mitad la desigualdad e injusticia social aumenta.
Un corolario sería que si hay menos funcionarios que no funcionarios, debemos reducir el número de funcionarios, y si ya hay más funcionarios que no funcionarios, debemos aumentar el número de funcionarios.
Podría llegarse a la situación hipotética, por ejemplo, de que un 5% de los trabajadores no fuese funcionario y rindiese diez veces más que el resto de los trabajadores. (En realidad da igual que estos trabajadores hipereficientes sean funcionarios o no en esta argumentación, y de hecho esta situación ya se da dentro de la administración pública y del sector privado.) Salvo en casos patológicos, como el de los kamikazes, que se ha demostrado que eran voluntarios forzosos, reducir el número de trabajadores privados reducirá también el número de trabajadores hipereficientes privados infrarremunerados, o por lo menos esos mismos hipertrabajadores en la administración pública no se verán presionados a ser hipereficientes para conservar su puesto de trabajo.
Servicio y funcionarios
Mucha gente sostiene y mantiene que el resto debemos pagar a los funcionarios para que nos sirvan, para que funcionen para nosotros. En realidad el asunto funciona de manera algo diferente. Pagamos un sueldo a los funcionarios, sí, pero también tenemos que trabajar para ellos.
Por ejemplo, el jueves me tengo que ausentar del trabajo una hora para realizar un trámite oficial. Hasta hace poco ese trámite se hacía en mi localidad de residencia los martes por la tarde. De hecho el martes había estado llamando al Ayuntamiento sin que me cogieran el teléfono. Por fin me enteré de que habían recibido un correo que suprimía dicho servicio
. De modo que busqué una vía alternativa, lo cuál me ocupó la mitad de mi tarde libre del martes.
Y así todo, o parecido.
En resumen:
- Cuantos más funcionarios se contratan, y estamos en máximos históricos, peor atendida está la población.
- Los ciudadanos deben aprender y dedicar tiempo a realizar los trámites oficiales, además de pagar a los funcionarios administrativos encargados de dichos trámites.
- Todo ciudadano debe poseer un móvil de última generación (de lo contrario no funcionan las aplicaciones estatales) y pagar una conexión a internet.